Mientras miles de panameños luchan día a día para llegar a fin de mes con salarios que rara vez superan los 800 dólares mensuales, el nombre de Anel Miranda se ha viralizado en redes sociales por un ostentoso estilo de vida que parece desafiar cualquier lógica económica. Con un sueldo bruto declarado de 5,400 dólares mensuales, Miranda ostenta propiedades y vehículos de lujo que han encendido el debate sobre la transparencia y la ética en el servicio público.

Un Maserati que cuesta más de la mitad de su salario

Documentos filtrados revelan que la cuota mensual de financiamiento de un Maserati Levante asciende a aproximadamente 3,000 dólares —cifra que representa más del 55% del ingreso declarado de Miranda. A este gasto se suman los pagos asociados a un apartamento de alto standing en el distrito de San Francisco, pagos de mantenimiento y servicios premium que, en conjunto, superan con creces lo que cualquier experto financiero recomendaría destinar en bienes de lujo.

“Es imposible cuadrar esas cifras con el salario oficial de cualquier servidor público en Panamá”, asegura un economista consultado para este reportaje. “A menos que exista una fuente de ingresos adicional —legal o no— no hay justificación razonable”.

¿Ingresos ocultos o favores políticos?

La situación plantea cuestionamientos fundamentales sobre la transparencia en el ejercicio de cargos públicos. En Panamá, los funcionarios están obligados a presentar una declaración jurada de patrimonio y rentas ante la Secretaría Nacional de Transparencia. Hasta el cierre de este artículo, no se ha hecho público ningún registro que explique cómo Anel Miranda puede costear un estilo de vida tan elevado con un sueldo “modesto”.

Contexto salarial en el sector público

Según datos oficiales, el salario promedio de un funcionario de nivel medio en Panamá ronda los 1,200 dólares mensuales —menos de una cuarta parte de lo que gana Miranda— mientras que el salario mínimo nacional está fijado en alrededor de 360 dólares. Con estos números sobre la mesa, el contraste entre el ingreso declarado de Miranda y su nivel de consumo levanta sospechas sobre la equidad y la fiscalización dentro de las instituciones estatales.

Voces de la ciudadanía

En redes sociales, ciudadanos y organizaciones civiles exigen una investigación exhaustiva. Bajo hashtags como #TransparenciaYa y #RiquezaInexplicable, los usuarios reclaman al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República que abran un proceso de auditoría patrimonial.

“No pedimos persecución política, sino rendición de cuentas. Si el funcionario puede probar el origen lícito de sus recursos, bienvenido sea. Pero el silencio alimenta la desconfianza”, escribió un usuario en Twitter.

¿Qué sigue?

La Contraloría tiene la potestad de iniciar auditorías de oficio ante indicios de enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales como Transparencia Panamá ya han anunciado su intención de presentar denuncias formales para que se esclarezca si Anel Miranda cumple o no con las normativas vigentes sobre patrimonio público.

La pregunta que queda en el aire es si este caso será un punto de inflexión para fortalecer los mecanismos de control y fiscalización —o si terminará diluyéndose en el entramado burocrático que históricamente ha caracterizado a la administración pública panameña.